La CEPAL ha publicado un artículo de análisis en el que propone reencuadrar la política del agua en América Latina y el Caribe: no como una cuestión de cobertura o financiamiento sectorial, sino como un superconector estratégico que articula simultáneamente el bienestar social, la transformación productiva, la sostenibilidad ambiental y la cooperación regional. El texto sitúa la crisis hídrica de la región como una restricción estructural al desarrollo y no como una amenaza futura.
Las brechas siguen siendo de gran magnitud
Los datos que sustentan el diagnóstico son contundentes. En la región, 2,5 de cada 10 personas aún no tienen acceso a agua potable gestionada de manera segura, y 5 de cada 10 carecen de saneamiento gestionado de manera segura. Solo el 46% de las aguas residuales recibe tratamiento, y el 43% de los cuerpos de agua se encuentra en malas condiciones de calidad. La infraestructura existente presenta pérdidas de hasta el 60% por fugas e ineficiencia. En la cuenca del Plata, los niveles de nitrógeno se han duplicado en los últimos 30 años y la demanda bioquímica de oxígeno ha aumentado un 30%.
Los déficits de agua pueden reducir los ingresos hasta un 10% en zonas rurales y entre un 7% y un 11% entre trabajadores urbanos
Los impactos territoriales ya son visibles. En Lima, la pérdida de superficie glaciar alcanzó el 43% entre 1970 y 2010, reduciendo la disponibilidad de agua a apenas 125 m³ por habitante al año. En Bogotá, la caída del 85% en los niveles del sistema Chingaza —que abastece cerca del 80% del agua potable de la ciudad— ha derivado en racionamientos recientes, asociada a procesos de deforestación del Amazonas. En Santiago, déficits de precipitación de entre el 20% y el 40% y una dependencia de hasta el 70% de glaciares en retroceso para el suministro de verano muestran que la presión es ya presente.
Los impactos económicos son igualmente significativos: los déficits de agua pueden reducir los ingresos hasta un 10% en zonas rurales y entre un 7% y un 11% entre trabajadores urbanos. El 88% de los eventos relacionados con el agua representan el 77% de las pérdidas económicas totales y afectan al 89% de la población impactada por desastres en la región. La conflictividad por usos y acceso también crece: se registraron 118 conflictos vinculados al agua entre 2000 y 2026, frente a 36 en el periodo 1980-1999.
Más allá del nexo agua-energía-alimentos
El artículo distingue el enfoque del agua como superconector de marcos ya consolidados, como el nexo agua-energía-alimentos o la gestión integrada de recursos hídricos. Según la CEPAL, el aporte de este enfoque reside en mostrar cómo el agua articula simultáneamente derechos, infraestructura, productividad, transición energética, estabilidad territorial y cooperación transfronteriza, incorporando también focos de presión local creciente como la minería, el turismo, la hidroenergía o los centros de datos.
Esta mirada tiene consecuencias prácticas para la evaluación de inversiones: una planta de tratamiento no solo amplía el saneamiento, sino que puede habilitar economía circular, generación de energía, reducción de emisiones y creación de empleo; una reforma tarifaria bien diseñada puede reforzar simultáneamente la equidad y la capacidad de inversión; y las soluciones basadas en la naturaleza protegen ecosistemas a la vez que reducen riesgos y costos futuros.
La brecha de implementación, tan urgente como la de infraestructura
La CEPAL estima que cerrar las brechas de cobertura en agua potable y saneamiento exigiría una inversión anual equivalente al 1,3% del PIB regional durante 10 años, con un potencial de generación de 3,8 millones de empleos verdes anuales. Pero el artículo subraya que el desafío no reside solo en movilizar recursos: junto a la brecha de infraestructura persiste una brecha de implementación. Sin instituciones sólidas, información hidrológica confiable, capacidades de formulación de proyectos, monitoreo, regulación y coordinación intersectorial, la inversión no se traduce automáticamente en resultados.
El texto aboga también por una adecuada valorización del agua —que no equivale a mercantilizarla ni debilitar su condición de derecho humano— como herramienta para orientar decisiones públicas más eficaces, combinando estructuras tarifarias progresivas, mecanismos de protección social y cargos por uso y vertimiento que corrijan incentivos y reduzcan la contaminación.
El artículo concluye con tres prioridades: elevar la jerarquía política y regulatoria del agua como activo estratégico; cerrar tanto la brecha de infraestructura como la de implementación incorporando un modelo de gobernanza explícito; y avanzar hacia una gobernanza que combine valorización adecuada, protección de derechos, sostenibilidad ecosistémica y cooperación entre territorios y países.