Un reciente informe de la Cámara de Comercio de Vaughan, Ontario, estima que la provincia ha entrado en una crisis de capacidad de entrega de vivienda, en gran medida debido a la falta de desarrollo de infraestructura de agua potable y de aguas residuales.
En distintas zonas de la provincia, proyectos de viviendas aprobados han tenido que suspenderse o limitarse debido a la insuficiente capacidad de los sistemas tanto de abastecimiento como de tratamiento. Esto confirma que esas infraestructuras, a menudo invisibles, son fundamentales para posibilitar el crecimiento urbano.
Por otro lado, el modelo actual de financiación contribuye a ralentizar estos proyectos. En muchos casos, los costes de estas infraestructuras recaen de forma significativa en los nuevos desarrollos, mediante tasas que encarecen el proyecto y postergan su ejecución, como ha sucedido en la ciudad de Waterloo. Sin embargo, algunas voces plantean que, al tratarse de infraestructuras con décadas de vida útil, deberían financiarse con una visión más amplia y a largo plazo. La Cámara de Comercio de la región de Toronto, por ejemplo, propone excluir los costes de la infraestructura hídrica de los gastos de desarrollo urbanístico. De forma que estos no recaigan únicamente en el primer comprador, sino que se distribuyan a lo largo de la vida útil de las instalaciones.
A todo lo anterior se suma la complejidad institucional. La implicación de diferentes niveles de gobierno (municipal y provincial principalmente) dificulta la alineación entre los planes de desarrollo urbano y las infraestructuras necesarias para sostenerlos, generando retrasos adicionales en la construcción de viviendas.
En este contexto, el gobierno de Ontario está impulsando medidas para acelerar la ejecución de obras públicas y estandarizar procesos, reconociendo explícitamente la importancia de las infraestructuras de agua en el desarrollo urbano.
Así, mediante la ley 60 de 2025 (anejo 16) se contempla la creación de corporaciones públicas de agua potable y aguas residuales, con capacidad para operar sistemas municipales, con la capacidad para cobrar tarifas, emitir deuda y contar con accionistas. La ley no limita la titularidad de esas acciones a entidades canadienses.
En principio, y sujeto al desarrollo específico de la regulación y de posibles controles adicionales a nivel provincial o federal (como la revisión de inversiones extranjeras en sectores sensibles prevista por la Investment Canada Act), empresas internacionales podrían participar como inversores, como operadores o como socios en estructuras mixtas.
Este enfoque introduce un cambio relevante en el modelo de la gestión del agua en Canadá, al abrir la puerta a estructuras corporativas que podrían sustituir, total o parcialmente, la gestión municipal directa tradicional, aunque por el momento no se ha definido un calendario claro para su implementación.
Este diseño legislativo es único en Canadá. Hasta la fecha, Ontario es la única provincia canadiense que ha introducido un marco legislativo específico para crear corporaciones de agua y saneamiento con estructura empresarial. En el resto del país, estos servicios siguen prestándose mayoritariamente mediante modelos municipales tradicionales o agencias públicas.
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