Cuando hace diez años se negociaba el Plan Hidrológico Nacional, se discutía si sería posible mantener el trasvase del Tajo al Segura teniendo en cuenta la nueva Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE) que obligaba, entre otras cosas, al establecimiento de caudales ambientales, y lo que es más importante, a la recuperación de las masas de aguas que no cumplieran con unos determinados niveles de calidad y cantidad capaces de garantizar las adecuadas condiciones biológicas y ambientales de sus ecosistemas asociados.

Si queremos respetar el mandato que impone la Directiva Marco deberíamos cambiar el sistema de gestión actual dada su evidente falta de sostenibilidad

Esto quiere decir, sencillamente, que si queremos respetar el mandato que impone la Directiva Marco deberíamos cambiar el sistema de gestión actual dada su evidente falta de sostenibilidad. Afirmación que encuentra su base en un mero análisis de la realidad actual.

Debemos recordar que la realización material del trasvase Tajo-Segura se enmarcó en una política del agua dominada por la gran obra hidráulica como paradigma de gestión. En la década anterior al momento de la naciente democracia española se había realizado una propaganda ininterrumpida sobre la bondad de los grandes almacenamientos de agua y de los trasvases. Se difundieron teorías de muy discutible validez científica y se inventaron términos como “aguas excedentarias” para designar aquellas que no se consumieran en regadíos, aunque cumplieran otros fines económicos o sociales, o “caudales ecológicos” calificando así a los mínimos caudales fluviales antes de ser regulados por embalses. Se abultaron datos de aforo (concretamente 1200 Hm3 para el río Tajo en su cuenca alta) lo que permitió diseñar la obra hidráulica para un caudal de 1000 Hm3 con carácter anual.

La realidad, empero, se impuso con tozudez: nunca fue posible trasvasar semejantes cantidades. A cambio se consolidaron una serie de expectativas y derechos legales sobre unos recursos que en realidad son más virtuales que reales, y se generó un aumento del déficit en la cuenca del Segura derivado del incremento de la superficie de regadío, ya fuera agrícola o para otros usos como los turísticos y recreativos, lo que motivó el acceso generalizado a todas las fuentes disponibles, en especial a las aguas subterráneas, agravando con ello los supuestos problemas que desde un principio se pensaban resolver.

La realización material del trasvase Tajo-Segura se enmarcó en una política del agua dominada por la gran obra hidráulica como paradigma de gestión

La única regulación legal para el trasvase dimanó de la Ley 52/80, de Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que en la Disposición Adicional 1ª estableció que las dotaciones de agua trasvasada garantizarían como mínimo un caudal “legal”, que no ecológico, superior a seis metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez, constituyendo ésta la única variable objetiva que en un futuro podría definir los supuestos excedentes que desde la cabecera del Tajo se podrían trasvasar.

A este caudal “legal” por Aranjuez hay que sumar el flujo que aporta el río Jarama, unos 18/20 metros cúbicos por segundo, constituido, básicamente, por las aguas residuales depuradas procedentes de Madrid. Es decir, el caudal del Tajo en su confluencia con el Jarama mantiene la proporción de uno a tres en favor de este último, proporción que con los niveles de depuración actual impiden conseguir que el Tajo tenga calidad de “agua de baño” a su paso por Toledo capital.

La única manera actual de conseguir cumplir la Ley es disminuyendo el caudal procedente del Jarama, lo que abre otras posibilidades de reutilización de estas aguas, en Castilla La Mancha y en Levante, para su empleo en usos agrícolas e industriales-, e invirtiendo la proporción a niveles de dos a dos (12 m3/s. de la cabecera y 12 m3/s. del Jarama), o mejor aún, de tres a uno (18 m3/s. de cabecera y 6 m3/s. del Jarama) en la proporción ideal, siempre y cuando la pluviometría en cabecera y las reservas lo permitieran.

El abastecimiento a la Llanura Manchega desde los pantanos de cabecera es un compromiso histórico con Castilla La Mancha

Pero es que además las poblaciones de Toledo limítrofes con Madrid han sido las de mayor crecimiento demográfico de la Comunidad castellano manchega, y mantienen en la actualidad una demanda de unos 100 Hm3/año que sólo se pueden abastecer desde Entrepeñas y Buendía. Eso sin olvidar las nuevas demandas industriales y agrícolas de la Región, y por supuesto, también las de Madrid.

Por otro lado el abastecimiento a la Llanura Manchega desde los pantanos de cabecera es un compromiso histórico con Castilla La Mancha con el fin de asegurar el suministro, en cantidad y calidad, a esas 58 poblaciones con casi 600.000 habitantes que mantienen la necesidad ineludible, dada la situación de sobreexplotación en que se encuentran los acuíferos tradicionalmente abastecedores de esta región, de estos aportes en aras de garantizar un suministro prioritario cual es el de beber. La cabecera del Tajo, por tanto, con unos recursos limitados, no puede atender esta demanda sin detrimento de otras menos prioritarias, cual serían los trasvases para regadíos y otros usos en el Levante español.

La conclusión es sencilla: el mantenimiento del actual sistema de explotación del acueducto Tajo-Segura no es compatible con el mandato que dimana de la Directiva Marco de Aguas y del propio ordenamiento jurídico español. Por tanto su modificación y adaptación de funcionamiento es una mera cuestión de cumplimiento de legalidad que compete al Estado en primer lugar, independientemente de las legítimas reivindicaciones que dentro del marco autonómico y en esta materia desde Castilla La Mancha se puedan hacer.

La alternativa, por tanto, debería buscarse en el camino intermedio que garantizase a las partes en conflicto la posible solución. La más factible parecería ser la de consensuar el uso de la cabecera del Tajo exclusivamente para “beber”, esto es, mantenerla como garantía de los abastecimientos tanto de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla como de Castilla La Mancha. Para ello resultaría ineludible aumentar la reserva estratégica en cabecera de los 240 Hm3 actuales, a los 600 Hm3 que reclama la región castellano-manchega, todo ello con la finalidad de garantizar estos suministros, y en caso de urgente necesidad el abastecimiento de Madrid.

Por otro lado habría que considerar hacer un cambio en las tomas para regadíos, que se desplazarían desde la actual cabecera del Tajo, al río Jarama antes de su confluencia en Aranjuez. La calidad de los efluentes del río Jarama cumple la normativa actual para el uso en regadío. También el coste económico (0,20 €/m3) haría viable su utilización. En cuanto las cantidades a detraer, estaríamos en condiciones de garantizar la media histórica trasvasada a Levante para usos de regadío con la posibilidad, inclusive, de destinar un cierto volumen al Alto Guadiana como aporte suplementario capaz de reducir las extracciones de los acuíferos, o incluso como recarga dependiendo de su calidad, lo que no debe incidir en detrimento del cumplimiento estricto y riguroso de las medidas que contempla el Plan Especial del Alto Guadiana, sino como complemento al mismo.

En resumen, pues, pensamos que por esta vía sería perfectamente posible encontrar la adecuada solución, tanto económica como social y ambiental, capaz de resolver las legítimas necesidades y demandas de los territorios en cuestión.

Hacia un pacto por el trasvase Tajo-Segura