Cualquiera tiempo pasado fue mejor

En mi juventud, hace más de 30 años, iba a acampar a orillas del río Santa Lucía y bebí directamente de su agua, simplemente me acercaba a la orilla con un vaso, recogía agua y bebía. Si hoy hiciera lo mismo seguramente estaría poniendo en riesgo mi salud. En pocas décadas la calidad de las aguas del río ha descendido fuertemente.

En Uruguay, hasta no hace mucho tiempo, nos jactábamos de tener ríos y arroyos con niveles mínimos de contaminación, coincidiendo con una calidad óptima del agua potable del grifo.

El río Santa Lucía no es el más extenso ni el más caudaloso del país, pero quizá sea el más importante. De él extrae agua la planta potabilizadora de OSE (la empresa estatal que suministra agua potable en todo el Uruguay) de la localidad de Aguas Corrientes. Esta planta abastece al 60% de la población del país.

En Uruguay, hasta no hace mucho tiempo, nos jactábamos de tener ríos y arroyos con niveles mínimos de contaminación

De esa agua no he de beber

En Marzo pasado se produjo un episodio que causó alarma entre la población de Montevideo: el agua de los grifos tenía mal sabor y olor. Se diagnosticó que este fenómeno fue causado por acumulación de cianobacterias en el río Santa Lucía.

Que la calidad del agua de la cuenca del Santa Lucía venía deteriorándose no era un secreto para los expertos ni para las autoridades. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) comenzó a monitorearla en 2004, ante evidencias claras de deterioro ya en esa época. Entre 2004 y 2010 DINAMA realizó estudios de la cuenca, conjuntamente con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y la conclusión más destacable, además de encontrar altos niveles de eutrofización, es que la mayor parte de la contaminación de la cuenca (80%) proviene de fuentes difusas y no de fuentes puntuales. En buen romance, esto quiere decir que los vertidos industriales y los efluentes de aguas residuales de las ciudades y villas sólo son responsables del 20% de la contaminación de las aguas, mientras que la mayor parte proviene de la actividad agropecuaria.

En 2011 se comenzó a monitorear la cuenca conjuntamente por DINAMA y los gobiernos locales, midiendo algunos parámetros relevantes: pH, OD, conductividad, temperatura, salinidad, turbidez, P, N, etc. (no se midió específicamente la concentración de agroquímicos). El principal dato que surge del monitoreo es que los valores de Fósforo en casi toda la cuenca están muy por encima de los parámetros máximos establecidos, reforzando los datos de la investigación anterior.

Luego del episodio de marzo, la Universidad de la República realizó un informe que reafirma las conclusiones de los anteriores estudios en cuanto a la eutrofización de los cursos de agua y embalses de la cuenca, agregando que “la información sobre el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas es escasa en términos cuantitativos y cualitativos”. Recordamos que estamos hablando de 2013, nueve años después de que comenzaron los primeros monitoreos de DINAMA.

Revolución ¿verde?

¿Qué cambió en los últimos 30 años que transformó tan radicalmente el agua de la cuenca del Santa Lucía? El aumento de población de la zona ha sido escaso y el desarrollo industrial también, de hecho los estudios confirman que la contaminación por estas causas no es lo más significativo. Básicamente lo que ha cambiado son las características de las actividades agropecuarias.

Tradicionalmente Uruguay ha sido un país de explotaciones pecuarias extensivas, de ganado bovino de carne y ovino lanar, con relativamente poca superficie dedicada a explotaciones más intensivas y a agricultura (principalmente arroz y trigo). En la cuenca del Santa Lucía, se desarrollaban además establecimientos de lechería, aquí llamados “tambos” y explotaciones hortifrutícolas. En general los campos se mantenían con bajos niveles de agroquímicos, bajo nivel de erosión y una distribución dispersa y escasa de residuos y desechos de las actividades agropecuarias.

A partir de la década de los 80 del siglo pasado esto comenzó a cambiar. Primero fue la Ley Forestal de 1987, que declaró de interés nacional las plantaciones de árboles y les dio incentivos, provocando la proliferación de monocultivos de eucaliptus (acelerada años después con la implantación de la fábrica de pasta de celulosa Botnia -hoy UPM– inaugurada en 2007). Recordemos que en Uruguay no existen naturalmente bosques de árboles, todos los existentes son monocultivos de especies foráneas.

Luego, a partir de los años 1995-2000 comenzó la plantación a gran escala de transgénicos (principalmente soja y maíz) y la llamada “siembra directa”, que implica abandonar los métodos tradicionales de laboreo de la tierra y sustituirlos por la aplicación de herbicidas para “limpiar” el terreno de malezas (y de cualquier cosa que esté viva) para realizar la siembra.

Con el crecimiento de los monocultivos de eucaliptos y soja y las nuevas prácticas agrícolas creció notablemente el uso de agroquímicos

Promovidas por Monsanto y otras empresas de insumos agrícolas y aceptadas de manera entusiasta por productores y técnicos agropecuarios, estas prácticas se extendieron rápidamente, al punto de que hoy prácticamente toda la soja y el maíz que se planta en el país es transgénico, y el método de “siembra directa” se practica en todos los sectores de la actividad agropecuaria (todos los tambos y gran parte de otros establecimientos ganaderos siembran praderas para alimentación del ganado mediante este sistema, e incluso el sector hortícola lo ha adoptado).

Con el crecimiento de los monocultivos de eucaliptos y soja y las nuevas prácticas agrícolas creció notablemente el uso de agroquímicos (herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, etc.), se incrementó la cantidad de desechos y se aceleró la erosión de los suelos (uno de los argumentos a favor de la “siembra directa” es que limita la erosión, pero al aumentarse la superficie agrícola e intensificarse la productividad se produce el efecto contrario).

Más vale tarde…

En 2004 se incluyó en la Constitución de la República, a iniciativa popular y aprobado por plebiscito, un artículo de protección del medio ambiente que, entre otras cosas, reza: “La protección del medio ambiente es de interés general…. El agua es un recurso natural esencial para la vida… El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales… La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en: … la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas”.

A partir de la aprobación de esta disposición constitucional se habilita la instalación de comisiones de cuenca en todo el territorio del país, pero recién en 2010 comienza a funcionar la primera (Laguna del sauce), en 2012 hacen lo propio las del Río de la Plata, Río Uruguay y Laguna Merín, y no fue hasta Junio de este año, después del episodio con el agua potable narrado anteriormente, que se constituyó la correspondiente a la cuenca del Santa Lucía. Esta comisión presentó un plan de acción que incluye una serie de medidas (implementación de un programa de mejora ambiental de vertimientos de origen industrial y doméstico, exigir a los padrones rurales control en aplicación de nutrientes y plaguicidas, suspender la instalación de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral, exigir el tratamiento y manejo de efluentes a todos los tambos de la cuenca, implementar una solución al manejo y disposición de lodos de la planta de potabilización de Aguas Corrientes, restringir el acceso del ganado a abrevar, instaurar una zona de amortiguación sin uso de agroquímicos, etc.) muy bien intencionadas, pero la mayoría de difícil instrumentación y casi imposible control al día de hoy con los mecanismos establecidos y con los recursos con que cuentan el MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del cual dependen los organismos encomendados al cuidado del medio ambiente –DINAMA- y de los recursos acuáticos –DINAGUA-) y los gobiernos locales.

Uruguay es un país pequeño, con una superficie terrestre de 17,5 millones de hectáreas. Hoy en día tenemos 1,2 millones de hectáreas de monocultivo de eucaliptos. En 2010 se exportó pasta de celulosa por valor de más de 1.000 millones de dólares. La producción de transgénicos y la utilización de agroquímicos son enormes en proporción al tamaño del país. El último año se sembraron 1,25 millones de hectáreas de soja transgénica y se cosechó 3,2 millones de toneladas de grano de soja. La soja ha desplazado a la carne vacuna como primer rubro de exportación del país. En los últimos tiempos se ha importado en promedio unas 10.000 toneladas de glifosato por año.

La producción de transgénicos y la utilización de agroquímicos son enormes en proporción al tamaño del país

Hasta el momento se ha regulado débilmente sobre estos temas, y aún así ni se cumple la normativa, ni se controla adecuadamente su cumplimiento. Fue recién en 2011 que se prohibió el endosulfán (otros agroquímicos de alta toxicidad, como la atrazina, el 2,4D y el lindano, prohibidos en muchos países, continúan permitidos y utilizándose) y se adecuaron las distancias mínimas de fumigación a las poblaciones y cursos de agua a las recomendaciones técnicas. De todas maneras, como se ha dicho, al no existir capacidad de control por parte de los organismos competentes, las normas no se respetan y hoy en día se sigue fumigando hasta los mismos jardines de las casas y escuelas rurales y las orillas de ríos y arroyos, e incluso por encima de ellos cuando la fumigación es desde el aire.

A partir de la reforma constitucional de 2004 y la ley de la Política Nacional de Aguas aprobada en setiembre de 2009, DINAGUA comienza a delinear un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, pero aún se halla en etapa de diseño.

Problema del vecindario

La de Uruguay no es una situación aislada. Nuestros vecinos Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia viven situaciones muy parecidas en cuanto a las transformaciones sufridas por la actividad agrícola en los últimos 15 años: intensificación de las explotaciones, aplicación indiscriminada de agroquímicos en suelos y falta de regulación y controles adecuados de estas prácticas. Por aquí se produce casi la mitad de la soja del mundo (hay quien ha bautizado a la región como “República Unida de la Soja”). Todo esto amenaza con comprometer las fuentes de agua dulce de toda la región, afectando las importantes cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y las fuentes de recarga del acuífero Guaraní, uno de los más importantes del mundo.

El Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Uruguay aún se halla en etapa de diseño.

Los ingresos por la exportación de los productos de esta explosión agrícola han sostenido en parte la economía de toda la región en la última década y ha contribuido a que la crisis económica internacional de los últimos años casi ni se percibiera por estos lares, por lo que es bastante difícil imaginarse una reducción o un cambio de prácticas, por el contrario, tienden a crecer y profundizarse, al menos a corto y medio plazo. Sumado esto a nuevos emprendimientos que tienen que ver con la agricultura y también con otras formas de explotación de los recursos naturales que van incrementándose (en Uruguay ya se ha comenzado la construcción de otra fábrica de pasta de celulosa de gran porte y está en proyecto una tercera, se ha aprobado una ley que habilita la megaminería a cielo abierto y se han comenzado prospecciones en búsqueda de petróleo) nos hace pensar que si no se regulan mejor estas actividades y se controla que se cumplan las regulaciones, si no se gestiona adecuadamente nuestro patrimonio medioambiental, y en particular las cuencas hídricas, disponiendo los recursos materiales necesarios para ello, puede que estemos hipotecando nuestro futuro, afectando la calidad de nuestro medio ambiente, la salud de nuestra población, y particularmente la calidad de nuestro recurso natural más valioso: nuestra agua dulce superficial y subterránea.

Agricultura y contaminación de las aguas en el cono sur latinoamericano: El caso de la cuenca del río Santa Lucía (Uruguay)